Desde UpC aconsejan al Alcalde y a Mª del Mar "que dimitan y dejen sus puestos a personas más dispuestas a gestionar la contratación pública desde la legalidad y no desde el interés partidista".

Comunicado de prensa de "Unidas por Caudete" sobre el más que polémico Decreto de la readmision de la mujer de Joaquin Pagan quer tanto está dando que hablar: 

"En el Pleno Ordinario celebrado el pasado 7 de marzo el Alcalde evitó dar cuenta de la Sentencia 39/2022 de 3 de febrero de 2022 por la cual el Juzgado número 3 de lo Social de Albacete condenaba al Ayuntamiento por despido improcedente de una trabajadora.

     Esta Sentencia daba dos opciones a nuestro Ayuntamiento:

             -Readmitir a la trabajadora despedida como Indefinida No Fija y pagarle los salarios de tramitación correspondientes a los meses de octubre de 2021 a enero de 2022.

- Mantener el despido e indemnizar a la trabajadora con 4.611,60 euros.

Nuestro Alcalde optó por la primera opción: la más cara y a la vez la que implica incrementar la plantilla del Ayuntamiento.

Los hechos a los que se refiere esta Sentencia se remontan al año 2019.

En 2019 una trabajadora del Ayuntamiento solicitó una excedencia y la Concejala de Personal, María del Mar Requena, contrató a otra trabajadora para cubrir el puesto mientras durara la excedencia. 

La Legislación laboral establece que para sustituir a una trabajadora en excedencia lo que procede es realizar un "contrato de interinidad", pues este tipo de contrato garantiza que cuando la trabajadora en excedencia se reincorpora, automáticamente se rescinde el contrato de su sustituta. Este es el sentido de los contratos de interinidad.

Se da la circunstancia de que en este caso, en lugar de un contrato de interinidad, lo que hicieron el Alcalde, Moisés López, y su Concejala de personal, María del Mar Requena, fue un contrato por obra y servicio. Esto es una irregularidad flagrante.

Según consta en los informes emitidos por el Interventor municipal y el Secretario del Ayuntamiento así como en la misma Sentencia: hacer un contrato por obra y servicio para cubrir una interinidad es ilícito, se trata de un fraude de ley porque lo que corresponde en estos casos es realizar un contrato de interinidad.

 Pues solo un contrato de interinidad garantiza que una vez retornada a su puesto la trabajadora en excedencia, su sustituta ve rescindido su contrato sin mayor problema para la Administración.

Se da la sospechosa circunstancia de que este contrato ilícito fue ocultado a la función fiscalizadora de la Intervención municipal.... segunda irregularidad.

Estas dos irregularidades son fundamentales para entender el resultado de la sentencia que ahora nos ocupa.

El grupo municipal Unidas por Caudete ha preguntado en varios Plenos por este contrato ilícito y por su ocultación a la Intervención y solo hemos obtenido la callada por respuesta.

El 1 de agosto de 2021, la trabajadora en excedencia se reincorporó a su puesto, pero contra toda lógica, su sustituta continuó trabajando dos meses más, y ello a pesar de que con fecha de 31 de agosto la Intervención Municipal emitió un informe advirtiendo de la irregularidad de que una trabajadora sustituta siguiera contratada cuando ya se había reincorporado la trabajadora titular del puesto.  

 El Alcalde y la Concejala decidieron ignorar este informe durante un mes.... tercera irregularidad.

Nuestro Grupo Municipal también ha preguntado en el Pleno qué funciones desempeñó la trabajadora sustituta durante los dos meses que continuó trabajando a pesar de que la persona a la que sustituía ya se había reincorporado. Ni el Alcalde ni la Concejala delegada de Personal nos han respondido.

El 30 de septiembre de 2021 el Alcalde finalmente decidió hacer caso del informe de la Intervención y despidió a la trabajadora sustituta: un mes más tarde de la emisión del informe y dos meses más tarde de la reincorporación de la trabajadora en excedencia.

Ante este despido y basándose en que su contrato era por obra y servicio, la trabajadora despedida denunció el despido improcedente y ahora un Juzgado le ha dado la razón y ha condenado al Ayuntamiento a su readmisión o a una indemnización.

Si el Ayuntamiento no hubiera cometido las tres irregularidades anteriormente mencionadas la trabajadora sustituta no hubiera tenido fundamentos para denunciar su despido, pues este hubiera sido procedente, y ningún Juez habría condenado al Ayuntamiento a contratarla de nuevo o indemnizarla.

Llegados a la Sentencia Moisés López hubiera podido poner fin a este desaguisado optando por la indemnización, pero tal y como indicábamos antes Moisés López ha optado por volver a contratar a la trabajadora como indefinida no fija y pagarle los salarios correspondientes a los meses transcurridos entre el despido y la sentencia condenatoria. 

Esta opción es la más onerosa para las arcas municipales y además implica incrementar la plantilla del Ayuntamiento.

Alguien puede pensar que la Concejala y el Alcalde cometieron un error al realizar el contrato por obra y servicio en lugar de por interinidad, pero el hecho de que María del Mar Requena realizara un contrato ilícito y lo ocultara a la fiscalización preceptiva, nos puede llevar a pensar que no hubo tal error y que todo fue premeditado.

 El hecho de que la trabajadora ahora readmitida por sentencia judicial estuviera contratada durante 19 meses de forma fraudulenta solo se puede entender desde la premeditación.

Se da la circunstancia de que la trabajadora a la que en su momento se le hizo mal el contrato y que ahora en base a ese contrato mal hecho ha denunciado y ganado en los tribunales su readmisión, formó parte, como número dos, de la lista electoral de Ciudadanos, partido que permitió con su apoyo la investidura de Moisés López como Alcalde.

Cabe añadir que la persona ahora contratada tiene una relación familiar estrecha con el concejal no adscrito Joaquín Pagán, concejal que concurrió a las elecciones también por Ciudadanos y que tras tomar posesión de su concejalía abandonó Ciudadanos y se incorporó como concejal no adscrito al equipo de Gobierno de Moisés López, liberado y con sueldo.

En los dos Plenos en los que nuestro grupo ha pedido explicaciones por esta situación, María del Mar Requena, suponemos que en un burdo intento por desinformar y confundir, ha indicado que el Ayuntamiento siempre ha optado por contratar a los trabajadores que tras sentencia judicial tenían derecho a readmisión o indemnización. Y que por tanto este es un caso más.

Pero no es así, todos los trabajadores que en su momento fueron readmitidos o convertidos en indefinidos no fijos por sentencia judicial eran trabajadores contratados de forma lícita por obra y servicio, esto es: habían sido contratados originalmente por necesidades objetivas de ampliar la plantilla para el desempeño de unas funciones concretas, no sustituían a nadie. 

Su trabajo se alargó en el tiempo y en consecuencia la Justicia obligó a modificar el contrato de obra y servicio y convertirlo en indefinidos no fijos.

      Ante este cúmulo de irregularidades y vistas las consecuencias, en Unidas por Caudete consideramos que no hubo error y que la celebración de un contrato por obra y servicio y su ocultación al órgano fiscalizador tenía un objetivo: crear las condiciones necesarias para que la trabajadora contratada tuviera argumentos legales para, llegado el momento, denunciar y conseguir mediante una Sentencia Judicial lo que ahora ha sucedido: ser contratada como Personal Continuo No Fijo.

Es por todo ello que en Unidas por Caudete consideramos que estos hechos "son una muestra de enchufismo". Desde nuestro grupo consideramos que Moisés López y María del Mar se han servido del Presupuesto Municipal, de su capacidad para contratar trabajadores y de la plantilla del Ayuntamiento para pagar favores políticos y dar empleo a una socia política.

Es por todo ello que desde Unidas por Caudete volvemos a pedir explicaciones públicas al Alcalde y a la Concejala de Personal sobre esta contratación ilícita y sus consecuencias. 

  Creemos asimismo que, de no producirse estas explicaciones, la Concejala responsable de estos hechos o el Alcalde "deberían dimitir y dejar su puesto a otras personas más dispuestas a gestionar la contratación pública desde la legalidad y no desde el interés partidista."