El Ejecutivo quiere que las entidades locales cedan de manera voluntaria su remanente para, posteriormente, realizar dos transferencias en 2020 y 2021 por un valor total de 5.000 millones. Y el resto lo reintegraría en 10 años.
"Es inaceptable. Incluso los Alcaldes del PSOE que tengan dignidad rechazarán el documento. Están mandando a los ayuntamientos a la quiebra y para algunos como el mío, que está entre los más endeudados de España tras 16 años de Gobierno socialista, significa el rescate".
Las duras palabras y advertencias del Alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, resumen la posición de buena parte de los Ayuntamientos ante el plan del Gobierno para que las Entidades Locales puedan acceder a su propio superávit. Según el documento trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y al que ha tenido acceso este periódico, el Ejecutivo propone que los ayuntamientos cedan, de manera voluntaria, el remanente acumulado a la Administración Central. Y con este dinero, Hacienda realizará sendos ingresos en 2020 y 2021 que representarán el 35% de los fondos aportados y que sumarán un total de 5.000 millones.
"Nos tienen ahogados", exclamó ayer la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, para después considerar que el Plan de Hacienda «es totalmente insuficiente» teniendo en cuenta que «los ayuntamientos son la primera trinchera social» derivada del coronavirus. Barcelona es otra de las ciudades que lidera la oposición al mecanismo, a pesar de compartir siglas con el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.
Y su postura la desarrolló el Teniente de Alcalde de Economía y Presupuestos, Jordi Martí. «Los Municipios no pueden hacer de Banco del Estado. Debería ser al revés», señaló el ex socialista, ahora enrolado en las filas de Colau. «¿Los Ayuntamientos prestan dinero al Estado y nos devuelven un 35% en dos años y el resto en 10? Si el argumento es que la ley no permite déficit en los ayuntamientos, ¿por qué no cambiamos la ley?», propuso
Esa ley a la que hace referencia Martí es la Ley de estabilidad que obliga a las entidades locales a tener equilibrio presupuestario. De hecho, el Gobierno sostiene que la propia Constitución así lo decreta, y que por ello los ayuntamientos no pueden acceder directamente a los fondos.
En cambio, el complejo mecanismo desarrollado por Hacienda permite al Ministerio realizar dos ingresos no financieros que no computarían como desviación de los ayuntamientos, sino del Estado. Y el resto de los remanentes, hasta completar los cerca de 15.000 millones a lo que ascienden, se reintegraría en ese plazo de 10 años apuntado por Martí.
"UNA INTERVENCIÓN MÁS EN LA AUTONOMÍA"
«Después de haber hablado con el vicesecretario de Política Territorial de mi partido, Antonio González Terol, y con diversos Alcaldes populares, tildamos esta pseudo propuesta como una tomadura de pelo, una chapuza», aseguró por su parte el alcalde de Córdoba y Vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP, José María Bellido, en declaraciones recogidas por Europa Press. En una línea muy similar se expresaron fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que consideran que la propuesta «no es seria».
Y en Valencia, la posición dentro del Ayuntamiento está dividida ante la propuesta de Hacienda. La reclamación del Alcalde Joan Ribó (Compromís) ha sido la de poder hacer uso de todo el remanente con total libertad, respetando la autonomía y la realidad de cada municipio.
Fuentes de la coalición nacionalista entienden esta propuesta como «una intervención más en la autonomía municipal, que nos dice cuándo y en qué tenemos que gastar un remanente que, si lo tenemos, es porque hemos gestionado bien». Por su parte, sus socios, los socialistas encabezados por Sandra Gómez, entienden que el Gobierno ha encontrado «una solución viable» que «dará aire» a los Presupuestos Municipales de 2021.
CABALLERO: "ESTÁ BIEN ENCAMINADO"
Las críticas y peticiones, por lo tanto, llegaron desde consistorios de todos los colores políticos. Y sin embargo, el Presidente de la FEMP y alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, se limitó a señalar que las negociaciones con Hacienda están "muy encaminadas para usar una parte de los remanentes, algo que los Gobiernos anteriores no nos permitían".
La propia Federación de Municipios exigió en mayo al Ejecutivo un fondo de 5.000 millones con el que hacer frente a a la crisis. Esta cifra, explicaron, les pondría proporcionalmente al mismo nivel que las comunidades y su fondo de 16.000 millones, pero la propuesta del Ejecutivo es repartir esos 5.000 millones en dos años. «No lo vamos a aceptar, y si el plan ve la luz significará la ruptura de un consenso histórico en la FEMP», concluyó Azcón.
Como soy Lego en la materia, puede que al dar mi opinión, meta la pata hasta el garrón pero lo que yo percibo es que, si hay superávit, es por qué los presupuestos se han hecho mal. Dado que los Ayuntamientos no son empresas que generen beneficios, si no que su misión es administrar bien los impuestos de los contribuyentes. Algo se ha hecho mal, se ha errado en el calculo, pues los ingresos tienen que ser igual a los gastos, por lo que lo correcto, sería o dar mejores servicios o rebajar los impuestos que en estos momentos son un poco gravosos para muchos contribuyentes. Y por otro lado decir, que no entiendo cómo teniendo el Ayuntamiento deuda de millones de euros, no pueda usar ese excedente presupuestario para amortizar deuda y se lo tengamos que prestar al gobierno. En una incongruencia ser prestatario y al mismo tiempo prestamista por imperativo legal.
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